La política social

La etiqueta de social ha sido atribuida a lo largo de la historia a muchos elementos del diario vivir. En Latinoamérica el término ha sufrido un desgaste lo que condujo a una confusión de cuales deben ser los criterios que determinan la pertenencia de un fenómeno a esta categoría. El presente ensayo se plantea como un acercamiento a responder: ¿desde un punto de vista teórico/práctico que implica pensar “lo social” en América Latina en estos momentos? Para este fin el escrito se ha dividido en cuatro grandes apartados donde el primero pretende definir que se entiende por lo social, el segundo busca distinguir la diferencia entre política social, paradigma y régimen de bienestar, en el tercero se integra a la ciudadanía social como elemento articulador del Welfare; por último en el cuarto se ve la incidencia en Latinoamérica y la forma teórica/metodológica para el estudio social.

1. Un intento de definir lo social.
Usualmente se ha pretendido mencionar que lo social es un ámbito distinto del económico y del político. Siguiendo con esta definición reduciríamos el campo de acción de lo social, limitándolo al seguimiento de unas cuantas ventanas de interacción. Para una visión más amplia se retoma a Lautier (2001) quien presenta lo social como las mediaciones que existen entre los tres órdenes fundamentales: el económico, el político y el doméstico.
Lautier a su vez menciona que estas mediaciones pueden ser de tres formas: 1) jurídicas (normas y leyes), 2) monetarias (subsidios, prestaciones y cotizaciones) y 3) transferencias de bienes y servicios. Es precisamente en esta última mediación que Chartterjee (1996) afirma que la transferencias es el envío de recursos en una sola vía, dado que en el momento que existe una corresponsabilidad deja de ser transferencia y se convierte en intercambio.
Las dirección de las transferencias es triple: progresiva, regresiva y nula. En el primer caso un grupo mejor colocado envía a grupos o personas menos favorecidos, el segundo caso es el inverso del primero y cuando no puede clasificarse como uno u otro hablamos de una transferencia nula. Además Chatterjee menciona que las transferencias pueden ser de dos formas: seguro social y contribución[1]. El primero se refiere a la transferencia que recibe un grupo que ha realizado aportaciones en un período anterior al de la obtención del beneficio, mientras que la contribución se refiere a los beneficios que obtienen ciertos sectores y por los cuales no han realizado ninguna aportación previa.
Con la definición que hace del campo social Lautier y con las precisiones acerca de las transferencias y las formas que pueden tomar de Chatterjee se encuentra una delimitación clara del ámbito en el que se tiene que circunscribir un estudio social en América Latina hoy, es decir, tenemos que revisar las transferencias complementarias y reguladoras que se dan entre el ámbito económico, político y doméstico, a lo cual tendremos que añadir una serie de categorías que faciliten su comprensión.

2. Una construcción ideal de lo social: paradigmas, regímenes y políticas.
La combinación de transferencias hace que para su comprensión sea necesario la conformación de elementos teóricos que sirvan de parámetros de comparación e interpretación. Estos elementos se les denomina paradigmas, los cuales son constructos teóricos conformados a partir de la experiencia empírica, es decir son tipos ideales en pleno sentido weberiano, los cuales funcionan como un entramado de reglas para pensar y ejecutar dentro del ámbito social. Por la concepción misma de paradigma, en mención de Barba (2002), se asume la existencia de posiciones que pueden contraponerse y por ello supone márgenes de variabilidad y comparabilidad.
Para la elaboración de los paradigmas es necesario observar la forma en que está constituida la política social de un país, lo cual implica la elección de una serie de indicadores que puedan ayudar a la simplificación y aprehensión de la realidad. Barba (2002) hace el siguiente listado de indicadores: carácter del sistema, conceptos fundamentales que lo definen, propósito básico, instituciones centrales, lógica en la toma de decisiones, forma de organización institucional, referentes sociales, concepción de pobreza, tipo de prestaciones, grado de desmercantilización y tipo de categorías sociales que reconocen.
En la revisión que se hace de la literatura se encuentra que existen tres grandes paradigmas sociales: residual o conservador, corporativo e institucional; siendo que dentro de este último se encuentra una doble modalidad el beveridgeano y el social-demócrata.
Estos paradigmas se concretizan por medio de la política social, la cual se sitúa entre la estructura de mercado y los derechos políticos que ha ganado la ciudadanía. De esta forma la política se adecua al nivel democrático que cada país ha ganado, así los que pertenecen a una sociedad determinada son protegidos de las dificultades que produce el entorno de forma específica y diferente a lo que pasaría si fueran partícipes de otra sociedad. En este punto Hill (1986) menciona que existe “no man’s land” que es una parte de la población donde las políticas sociales no cubren dejándolos desprotegidos.
De forma concreta la política social se presenta en un país a través de su régimen social, mismo que es producto de la articulación y combinación de los paradigmas sociales. Hay tres elementos que tenemos que analizar dentro del régimen: modelo de crecimiento, el mercado de trabajo y las políticas sociales. Este estudio lleva a la revisión del impacto que tienen dentro de la economía doméstica, cubriendo, de esta forma, los tres elementos que integran lo social de la definición de Lautier.

3. Una nueva ciudadanía: la social.
Un elemento que ha cobrado importancia dentro de la política social ha sido la concepción de ciudadanía. Este viene a ser un término de larga acuñación; por lo cual se retoma la propuesta de T.H. Marshall (1992) la cual desarrolla una línea progresiva en la ganancia de derecho que la ciudadanía ha ido sufriendo. Así en un primero momento se ganó la parte civil que se constituyó con la ganancia de la libertad individual, en especial la garantía de poder trabajar; en este nivel se hace referencia al aspecto económico que la persona gana por su trabajo.
En un segundo momento se ganaron los derechos políticos, lo cuales representaron el privilegio de poder elegir y ser elegidos como representantes de su comunidad. En un primer momento fue un privilegio ganado por sólo algunas clases sociales, luego se universalizo e integro el sufragio. De esta forma se hace un salto de lo económico al estatus personal que tiene la persona, haciendo un cambio cualitativo del rol ciudadano y sus valores.
La última etapa de crecimiento en derecho ciudadanos fueron los sociales, en ellos se incluye el ser protegidos por el simple hecho de pertenecer a un estado. La ciudadanía social se convierte así en un avance de las sociedades modernas.
A este proceso que describe Marshall, Bottomore (1992) agrega que existe una ciudadanía formal y otra sustantiva, donde dice que existen cinco elementos que afectan al proceso de conformación de la ciudadanía: el acceso, los residentes no ciudadanos, la doble ciudadanía, el asunto del género y por último de la diversidad étnica. La ventaja de la propuesta de Bottomore sobre la de Marshall es que el primero hace su análisis de la ciudadanía cuarenta años después del ensayo original de T.H. Marshall.

4. Latinoamérica: un camino en la construcción de lo social.
Ahora bien, lo antes descrito son los elementos que han sido sistematizados y revisados de la experiencia capitalista europea y norteamericana. Cuando se cambia la zona de análisis a Latinoamérica, se encuentran cambios notables. Por ejemplo la forma en que se ha realizado la construcción de la ciudadanía social no ha sido conformada de la forma europea y en algunas regiones del continente todavía resulta una quimera.
En el caso específico de México, la ciudadanía social se puede reducir al derecho a la educación básica y a la asistencia médica de primer nivel, mientras que por otro lado el derecho a un nivel mínimo de subsistencia, como lo pudiera ser el seguro de desempleo dista mucho de ser una realidad.
Por eso al momento de revisar los modelos de política social que han existido en el continente, siguiendo a Filguiera[2], se encuentra la presencia de tres modelos diferentes: universal estratificiado, dual y excluyente. En el primero hay una generalización de la cobertura de los beneficios; en el segundo hay una parte que ha sido extendida a toda la población, mientras que otra está limitada a sólo ciertos sectores y por último el tercer modelo implica una cobertura limitada en la que sólo son incluidos ciertos sectores de la población.
Hasta el momento se descubre que un análisis de lo social en América Latina se torna difícil por la diversificación de la forma en que se ha conceptualizado lo social. La mayor parte de la región compartió un modelo de desarrollo sustentado en el mercado interno y que tenía como finalidad la industrialización por la sustitución de importaciones (ISI); por su parte la vida democrática y la forma de combate a la pobreza han resultados antagónicos a lo largo de la región.
Influenciado por el Consenso de Washington, Latinoamérica vive hoy en día una etapa donde el modelo de desarrollo está siendo cimentado en un proceso de mercado abierto, donde cada país tiene que revisar sus ventajas comparativas para descubrir los nichos donde sus productos puedan competir. En cierta forma hay un olvido al pequeño productor, el cual está siendo obligado a luchar contra una serie de dificultades que les imponen el comercio con las transnacionales y con los productos que entran a su país.
Debido a esta complejidad, pensar en lo social hoy tiene que retomar necesariamente las transferencias que se desarrollan entre los tres órdenes fundamentales. Por lo cual desde una perspectiva metodológica en necesario revisar el modelo de desarrollo, el mercado de trabajo y la políticas sociales. Esto es con la finalidad de poder construir los regímenes particulares de cada uno de los países y una vez obtenidos estos hacer una contrastación con los paradigmas sociales, encontrando elementos suficientes que encaminen en la redifinición de un modelo propio para la región.
Barba (2003) clasifica a este nuevo paradigma como residual y deslocalizado, lo cual de antemano nos pone en antecedente las posibles características que tendrían los regímenes de seguridad a lo largo de la región.
Por eso el pensar lo social hoy nos lleva necesariamente a sumergirnos al funcionamiento de variables macroeconómicas y la repercusión que tienen en las microeconómicas, viendo su incidencia dentro de los hogares.
Aparte la ciudadanía es un estatus conferido a aquellos que son miembros completos de una comunidad y todos los que lo poseen son iguales con respecto a los derechos y los deberes, se puede ver que existe una estratificación que integran a una comunidad, implicando la solidaridad entre pares y poniendo en práctica el capital social.
Debemos distinguir las líneas que está siguiendo el modelo de crecimiento que ha determinado el país, así se puede ver la forma en que el mercado de trabajo se enriquece con la creación de nuevas plazas que sirvan de verdaderos distribuidores de la riqueza generada y en un tercer momento ver los recursos que se disponen para el desarrollo social[3]. Es importante remarcar que pensar lo social en Latinoamérica es sumerguirse en un proceso de dependencia económica, de economías de periferia, que no han tomado sus decisiones propias en materia económica, ni social. Por lo tanto un elemento que hasta ahora no había sido incluido en los requisitos para estudio, es revisar la forma en que las agencias han influenciado el modelo de crecimiento y las políticas sociales; de esta forma se podrá ver que las decisiones que ellos marcan son las que prevalecen en la economía de la región.
Una advertencia que valdría la pena hacer, es que si bien la región cuenta con una serie de factores que equiparan un país con otro, resultaría demasiado simple el pensar la existencia de la receta universal para la región. No se puede pensar que exista un modelo que de forma automática soluciones las distintas problemáticas que afectan a la región.
Es necesario recordar, a su vez, que el desarrollo social deber tener como meta el crear condiciones y oportunidades para que los individuos realicen sus capacidades de vivir una vida saludable, larga y digna. Para lograrlo se necesita la combinación de la interacción cooperativa de acciones productivas, distributivas, solidarias y culturas. Es importante ver que no se debe limitar la lucha social a la sola erradicación de la pobreza[4], debe haber un crecimiento en el conjunto de los beneficios, mismos que con un crecimiento general se puede lograr. Una forma de este combate a la pobreza estructural es luchando contra los activadores estructurales como son la exclusión laboral y la discriminación etno-cultural.
Definir lo social hoy en Latinoamérica debe ser la base para el establecimiento de las políticas sociales que sean implementadas resuelvan de forma satisfactoria los problemas que aquejan a cada uno de las naciones que conforman la región.
Un último elemento que ha sido puesto en el ojo del huracán es el financiamiento que deben tener los programas sociales. Cada Estado tiene que determinar que porcentaje del PIB será destinado para el desarrollo social, cosa que cada vez se ha convertido en un problema dado que la prioridad no ha sido este tipo de gasto, sino que la región ha decidido enviar sus remesas en otras áreas como el pago del financiamiento de su deuda.
En conclusión, lo social requiere un estudio delimitado de los factores que han influenciado su crecimiento y consolidación a lo largo de la historia de Latinoamérica, mientras que es importante no perder de vista los factores externos que en la actualidad están influenciado la forma en que se establecen las políticas.


Bibliografía

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[1] Aquí se emplea contribución para traducir welfare o bienestar, hay que aclarar que para Pranab no se les considera como una contraprestación por su servicios, sino como la ayuda que se obtiene por el hecho de ser ciudadano.
[2] La obra de Filgueira está tomada de Barba (2002)
[3] Hay que reconocer que la mayor parte de los regímenes latinoamericanos de bienestar han tomado la parte residual del paradigma conservador de forma que los recursos que son obtenidos para el desarrollo social son direccionados para la gente que no puede por sí misma sobrevivir en una economía de mercado.
[4] Muchas políticas sociales se han centrado en el combate a la pobreza de forma directa, por medio de transferencias directas a los actores más impedidos para sobrevivir en una economía de mercado.

La educación superior hoy

La Educación Superior Pública en el marco de las trayectorias laborales


La educación superior ha sobrevivido a una serie de reformas (Rama, 2006) que han modificado su funcionamiento, de forma puntual se habla de tres etapas en las cuales se ha modificado su identidad y participación social. Estas reformas han sido favorecidas por los procesos de globalización (Giddens, 2004) y la introducción de la economía del conocimiento, donde el centro de la discusión se ha puesto en el papel que deben asumir las instituciones de educación superior (IES) en la conformación de la sociedad de mercado que se ha gestado desde la revolución industrial (Polanyi, 2003).

Como en todo proceso donde se deja que el mercado sea el que determine el funcionamiento del sistema, hay perdedores y ganadores. En este caso, desde la década de los ochentas, el gran perdedor ha sido la educación superior pública (Latapí, 1996; Acosta, 1998; Muñoz, 2000; Rama, 2006; Ibarra, 2005; Ornelas, 2005) por la reducción de recursos económicos y la necesidad de posicionarse ante el mundo productivo. Por su parte la educación superior privada ha sido la ganadora que ha crecido y fortalecido por la reducción de espacios en las universidades públicas, unido a la baja calidad que mostraban sus planes de estudios.

El presente ensayo, fruto del seminario análisis de la realidad educativa mexicana, pretende revisar la situación de la educación superior pública, teniendo como marco de referencia el proyecto de investigación: análisis de las trayectorias laborales de los egresados de la licenciatura en estudios internacionales de la Universidad de Guadalajara. Se hace la mención anterior para tener en claro la delimitación espacial – temporal en la que se circunscribe el presente documento.

Para el desarrollo del presente documento se sigue la propuesta del Consejo de Especialistas para la Educación (2006) que proponen revisar la situación general desde tres propósitos centrales: educación para la equidad y justicia, la democracia y la cohesión social y la competitividad y el desarrollo económico. Todo bajo un marco común que es la calidad, articulada desde tres políticas: la gobernabilidad, la profesionalización y el financiamiento.

Cabe señalar que los propósitos de educación para la democracia y la cohesión social, junto con el de competitividad y desarrollo económico serán abordados en el concepto de pertinencia. Por su parte, la política de gobernabilidad no será abordada en el presente documento por no tener una relación directa con el proyecto de investigación que sirve de marco de referencia.

El primer punto a revisar es la equidad. ¿Qué tan equitativa es la educación superior pública mexicana? Pareciera que por su propia naturaleza la educación pública tendría que dar cobertura total a los candidatos que aspiran a tener un grado profesional, pero desgraciadamente la reducción presupuestal ha provocado un desajuste financiero al interno de las instituciones provocando su contracción.

Como Rama (2006) recupera, las universidades públicas cometen su primer proceso de iniquidad al dejar fuera a candidatos por no tener la capacidad de crecer su oferta académica al ritmo que se lo exige la demanda. El método de los cupos[1] ha favorecido el desarrollo de la meritocracia como método de legitimación del proceso de selección de los afortunados que ingresarán al nivel superior teniendo la capacidad de vivir una movilidad social.

Esta primera iniquidad conduce al problema de la cobertura. La pregunta central sería si el Estado tiene la obligación de una educación superior universal, dado que actualmente está ofreciendo una educación de minorías[2]. Esta determinación ha favorecido este proceso de iniquidad por la separación que hace de los candidatos imposibilitando el ingreso de actores, que carecen de los méritos suficientes, y premia a otro, que demuestran lo contrario, a lo que se considera como el proceso de movilidad social académico basado en el logro del status de profesionista[3].

Latapí (1996) manifiesta que al ampliar la cobertura se debe cuidar la calidad de los procesos educativos. Es una propuesta manifiesta de ir en contra de los procesos de masificación que por la saturación de aulas ponen en tela de juicio la eficacia y eficiencia de los procesos enseñanza – aprendizaje. Sino por el contrario habría que garantizar que esos alumnos saldrán con las competencias y valores que les permitan desarrollar su profesión con calidad, brindando un servicio a los demás.

En esto términos la licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara tiene un cupo de 55 alumnos cada año[4], el cual representa sólo 4.8% del cupo total del Centro Universitario en Ciencias Sociales, ubicándola en sexta posición en cuanto su capacidad de captación. Además es una licenciatura que se ha certificado en calidad por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) lo cual afirma que se ha ajustado a las observaciones y requerimientos que le fueron solicitados para garantizar el cumplimiento del plan de estudio que oferta.

Pero la licenciatura tiene elementos que garantizan, a pesar de lo anterior, la existencia de iniquidades, desde la carencia de instalaciones propias suficientes, recursos tecnológicos de punta, material bibliográfico actualizado, atención especial para grupos étnicos o con necesidades especiales. Aunque un elemento a su favor es el gran número de profesores – investigadores de tiempo completo que tiene la licenciatura[5], lo cual se traduce en una planta profesionalizada, aunque en términos absolutos el número de plazas en el DEI son muy reducidas, así mismo el número de profesores por asignatura ha sido reducido en el presente calendario so pretexto de un escaso presupuesto.

Otro elemento a considerar es la formación en el sentido social, pero como menciona Latapí (1996), pareciera que las instituciones universitarias religiosas pensaran que de forma automática el alumno asume este compromiso. Aunque la universidad privada no tiene la mínima intención de provocar un cambio en la estratificación social, porque no lo necesita, su origen es otro y está destinada para formar ejércitos educados para defender las trincheras del sistema de los ataques de los que pretenden cambiar la forma de hacer las cosas.


La planta estudiantil de este tipo de instituciones, en la mayor parte, forman parte de la elite del país, provienen de familias con alto ingreso que les permiten realizar esa inversión en capital humano. Más bien, la universidad privada buscará mantener el actual status quo.

La formación en equidad y justicia social tendería a que la universidad pública busque en todo momento transferir los elementos básicos para que los actores, que cursan su educación en ellas, adquieran un capital humano[6] suficiente que les permita la movilidad, pero teniendo siempre un compromiso para con los demás, buscando el bienestar de la sociedad.

La universidad tiene una función social que no debe pervertir por los discursos de calidad, donde ésta es entendida como el cumplimiento indicadores señalados por el mercado, sin importar el impacto social de los mismos. La universidad no debe convertirse en un Campus Inc, (Ibarra, 2005), es decir que se maneje como si fuera una gran empresa, implementando las herramientas que facilitan la gestión de negocios, buscando la eficiencia y productividad[7], tratando de adueñarse por esta vía de los mercados globales del conocimiento.

Esta necesidad de gobernar la universidad como empresa, es fruto de esta nueva cultura administrativa que se pretende implementar en el seno de las IES. Al no haber recursos disponibles los Estados han modificado la forma en que se transfieren los recursos compensatorios por la vía de estimular la rendición de cuentas, (De Vries, 2000; Ibarra, 2000) generando, para esta finalidad, una serie de programas evaluadores que tiene como función secundaria asignar recursos extraordinarios a las instituciones[8]. Es así como el PIFI, PROMEP, FIFOP, PNP generan un control sobre la oferta educativa del país y la forma en que está se articula.

Es aquí donde se cruzan las tres políticas que la calidad articula. Por un lado el proceso de profesionalización de la planta docente ha sido una de las formas en que las IES han tratado de cumplir con los requerimientos de los programas evaluadores han fijando para asignar recursos.

Pero el trabajo académico, por medio de indicadores, ha llevado a que el proceso de profesionalización del personal académico de las IES se pervierta, llegando a extremos como el que menciona Ibarra (2000):
“… debido a que los programas de remuneración extraordinaria han significado importantes beneficios económicos de corto plazo, un gran número de académicos han preferido mantener su boca cerrada y su intelecto dormido, sin apreciar las consecuencias de más largo plazo, de un modelo que ha conducido en muy pocos años – como su propia reinventada existencia ya lo indica – a esa insoportable levedad del ser académico de un nuevo tipo.” (Ibarra, 2000:61)

Siguiendo con la problemática Chavoya (2006) afirma que se espera que un personal académico realice investigación de calidad, sea buen docente y desempeñe labores de gestión. Todo por el hecho de ser tiempos completos y tener que desquitar el salario que recibe. La misma Chavoya (2006) afirma que al articular esta política se tradujo en que los académicos sean trabajadores múltiples que tiene que realizar una fuerte carga laboral y que esto puede conducir a la reducción de la calidad de la investigación que se produce.

En el caso de la licenciatura de estudios internacionales los procesos externos de financiamiento son nulos, se depende del presupuesto que el Centro Universitario asigne de acuerdo al presupuesto y a los mecanismos de repartición que se tienen dentro del centro. No se ha visto una vinculación con el entorno para la búsqueda de recursos frescos tal y como lo permite la legislación universitaria en la conformación departamental de la universidad.

Un elemento que se ha trabajado es la especialización de la planta docente, donde casi se han erradicado los profesores[9] en la búsqueda de un personal especializado para la temática que se maneja. En la actualidad se ha continuado con los procesos de preparación por medio de cursos de actualización, dado que la presente administración ha impartido dos cursos abiertos al cuerpo académico en lo que va del ciclo.

Además de la profesionalización del personal, hay otro elemento que se puede incluir en este análisis: la pertinencia del plan de estudios.

Ornelas (2005) menciona que la educación superior mexicana ha crecido en cuanto a su cobertura y complejidad. Gracias del ingreso del mercado como patrón de mando surgió un pujante sector privado, donde cohabitan “instituciones patito” que no ofrecen buena educación, ni prestan servicio, sólo se dedican a vender grados y diplomas. Esto gracias a que responden a las demandas que el mercado solicita y al pobre seguimiento que hace el Estado de las mismas.

En esta misma línea, Acosta (2005) cuestiona el papel destructivo que tiene el Estado y el mercado en las tradiciones, usos y costumbres universitarias, además menciona el papel que han ocupado las elites económicas y políticas en la relocalización de sus intereses, modificando su apoyo de la universidad pública, hacia la universidad privada.

Esta injerencia del Estado y el mercado en las universidades se ha configurado en la producción de los programas de estudios que se consideran ad hoc para la situación del país. En este sentido Romo (2007) advierte que la universidad debe mantener ese diálogo con los actores extra-institucionales, pero salvando el mundo académico de la lógica de un modelo marcadamente empresarial, el cual se orientaría exclusivamente a la competitividad y venta de servicios.

La misma Romo advierte:
“En este contexto, el reto para la universidad y en especial en las áreas sociales sigue siendo el cómo incorporar las nuevas demandas y el pensamiento crítico en las actividades de investigación, docencia, difusión y en forma especial en la producción de conocimientos y saberes socialmente validos.” (Romo, 2007: 11)

Pero como la autora lo manifiesta la pertinencia va ir dándose en la medida en que la universidad responda a las necesidades que la sociedad, no el mercado, le dicten. La primera responsabilidad de la universidad es para con su sociedad como lo menciona Méndez (2005):
“Las disparidades del desarrollo mexicano obligan a reconocer una doble tarea en la organización curricular universitaria y de educación superior tecnológica: por un lado, mejorar la calidad y la eficacia de la práctica profesional de acuerdo a los requerimientos sociales y económicos regionales y por otro, incorporar contenidos y habilidades que permitan movilidad laboral en un contexto de mercado global. En síntesis, hacer compatible la modernización profesional con calidad y las necesidades sociales de México.” (Méndez, 2005:1)

Esta cita conduce al problema de la internacionalización de los estudios superiores, ya que hoy en día la pertinencia se ha ampliado para cumplir con los estándares mundiales, dado que los mercados laborales han dejado de ser locales para ser globales (Pérez, 1998). Pero el mecanismo sigue atrapado en la lógica donde el mercado es el que marca lo que se debe estudiar para asegurar la inserción dentro de los mercados laborales, dejando a la universidad tan sólo la adecuación y dosificación de ese conocimiento.

Es en este escenario que surgen nuevas carreras que tratan de ofrecer profesionistas adecuados[10] a las condiciones cambiantes del mercado y con los lineamientos (competencias) que el capital requiere para continuar su labor expansionista. Así, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades generó, durante la última década del siglo pasado, una carrera que en su inicio se llamó Estudios Políticos, Internacionales y de Estado, teniendo un tronco común en sus primeros semestres y especializándose, en los últimos, en algunos de los tres módulos que la integraban.

Para la mitad de la década pasada, surge el Departamento de Estudios Internacionales y la licenciatura es separada en dos, apareciendo de forma independiente la licenciatura en Estudios Internacionales. Dicho programa académico tiene como objetivo formar profesionistas con capacidad para ejercer en los sectores público y privado, capaz de atender asuntos de carácter internacional en dependencias públicas (federales y estatales) o empresas privadas (industriales, comerciales y de servicio), de participar en trabajos de investigación y docencia universitaria, en los que se analicen aspectos de corte internacional.

En últimas fechas se ha modificado el plan curricular de la carrera con el fin de actualizar las temáticas a las discusiones pertinentes y adecuar los contenidos a los perfiles profesionales elaborados. En el trabajo personal de investigación pretendo reconstruir el mercado laboral en el que se insertan los egresados de la licenciatura, partiendo de la historia de vida laboral se busca descubrir los mecanismos que favorecen la inserción, así como la revisión del establecimiento de redes sociales de apoyo. Al ser una profesión relativamente joven, se puede encontrar en este proceso de reconstrucción algunos elementos que permitan delinear la identidad que estos actores estén configurando para su profesión.

En el análisis de la investigación lo elementos descritos en la situación de la universidad necesariamente incidirán en la formación de los jóvenes, y de esta forma facilitar o impedir el proceso de incorporación al mundo laboral. Es necesario entender esto como sistema complejo que relaciona diferentes componentes para llegar a un fin, que desgraciadamente está configurado más por las necesidades del mercado que por un verdadero proyecto de nación.

La educación superior pública se encuentra en un momento de desafío donde debe plantearse la supervivencia propia y el cumplimiento de su función social. Debe velar por el ofertar una formación con calidad que no deje de lado la equidad y justicia social, al mismo tiempo que forma profesionistas capaces[11], que tengan la posibilidad de insertarse a su campo laboral por contar con el capital humano que satisfaga los requerimientos de la profesión.

Por otro lado, los procesos educativos universitarios estarán conducidos por personal académico profesionalizado, que no sólo domine su ámbito de estudio, sino que ofrezca una ayuda integral al alumno. De forma especial, en la formación de cuadros de investigadores que puedan ampliar los horizontes del saber y en la búsqueda permanente del desarrollo.

La educación superior pública deberá tener siempre presente su carácter humanista, no importa los embates que el mercado pueda propinar, ella es la responsable de conservar esa formación que garantice la supervivencia de la cultura, además de tener que difundirla para que exista un mejor capital cultural en la sociedad (Bourdieu, 1987).

La educación superior será lo suficientemente sagaz para distinguir los signos de los nuevos tiempos que sean pertinentes añadir a los planes de formación[12] de sus egresados para que sean los más codiciados dentro del ámbito laboral por contar con las calificaciones necesarias para su integración efectiva, pero ante todo por la calidad humana de sus efectivos en la vivencia de valores que sean un plus valor.

Los nuevos tiempos obligan a que una revisión de trayectorias laborales necesariamente tenga que considerar los antecedentes académico y del entorno donde se ha formado los actores productivos, para poder entender las redes que se entretejen, los comportamientos, hábitos y actitudes hacia el mundo laboral, muchos de los cuales dependerán del proyecto formativo del que se proviene. Es por este motivo que el análisis que se ha hecho en este documento se convierta en un marco general, el cual es necesario revisar al momento de reconstruir el mercado.

La trayectoria académica y la trayectoria laboral son una mancuerna que no se puede disolver al hablar de educación superior. Aunque no es objeto de estudio de la presente investigación la primera variable, si se convierte en una variable interviniente que deja su huella en el proceso. Por este motivo, la forma en que se configure la educación superior pública afectará las trayectorias académicas que luego se trasladan a las laborales y en una forma directa a los actores que interactuarán en las estructuras de los mercados laborales.

La universidad está entre la pasión y el pensamiento. La pasión por su crecimiento y desarrollo y el pensamiento de hacer este proceso de la forma más racional, con una reducción de recursos y potencializando al máximo la participación de todos los actores que intervienen. Ese es el reto al cual se enfrenta, renovarse o dejarse comer por el mercado en la conformación de grandes corporativos del conocimiento, los dueños del saber dentro de esta economía moderna.










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[1] Ha sido el mecanismo diseñado para restringir el número de plazas disponibles para cada carrera en cada ciclo escolar.
[2] Este comentario tiene referencia a la propuesta de Rama (2006) de identificar educación de elites cuando se cubre sólo el 15% de la población en edad de estudiar, de minorías cuando se tiene tasas de cobertura del 30%, de masas del 60% y a partir de ahí se considera como universal.
[3] En este punto habría que ampliar el debate sobre el status social que ciertas profesiones generan dentro de la sociedad como fruto de su proceso de legitimación y función social.
[4] Esta licenciatura sólo abre con el Calendario B de la Universidad.
[5] El gran número de profesores – investigadores se debe a que los departamentos de la división de Estado y Sociedad al no tener cursos académicos en este nivel educativo participan, de forma particular provenientes del DEP, DEILA y DESU.
[6] Aquí es posible revisar la obra de Gary Becker sobre la teoría del capital humano.
[7] Entendiendo productividad como el coeficiente existente entre la relación de horas hombre trabajadas y la cantidad de producto realizado.
[8] La función primaria es el conocer el funcionamiento de la universidad y revisar por áreas el logro de las metas que para fines de calidad se han propuesto.
[9] Dentro del lenguaje popular del departamento se designa con el termino de profesor al docente que únicamente cuenta con el grado académico de licenciatura, a los otros grados académicos se les menciona con el mismo, es decir maestros y doctores.
[10] De acuerdo al discurso oficia la palabra correcta aquí sería competentes.
[11] Se usa el concepto capaz para evitar competente que tendría una vínculo directo con el modelo de competencias.
[12] Aquí el concepto de plan de formación quiere desprenderse del simple plan de estudios, sino hace referencia al proceso de personalización que cada universidad hace con sus egresados dándoles un toque propio que es reconocido dentro del ámbito laboral.